Economia en la Dictadura militar

La política económica de la dictadura militar 1976 – 1983

Resultados y consecuencias inmediatos y de largo plazo

Carácter de ruptura o continuidad respecto al modelo de crecimiento previo existente

Presentación

Los análisis del golpe militar de 1976, desde distintos enfoques y abordajes, remarcan la intención de las FFAA de darle al mismo un carácter “fundacional”; desde su propia perspectiva, significaba más que “poner orden” a los distintos aspectos que juzgaban desquiciados de la vida política, social y económica, de lo que se trataba era de la creación de una sociedad nueva, a fin de “recomponer” las condiciones de acumulación del capitalismo argentino¹.

Esto dará lugar a una profunda transformación de un conjunto de pautas vigentes hasta ese momento y la implementación articulada de mecanismos de diversa índole para producir tales cambios en la sociedad argentina, que amalgaman, claro está, lo estrictamente “económico”, con aspectos políticos y sociales. Una lectura que intente articular estos niveles resultará más enriquecedora al momento de desentrañar el significado de las políticas económicas aplicadas durante el gobierno de facto.

Es en este sentido que las drásticas modificaciones de las condiciones económicas enlazan con cambios en la antigua estructura de relaciones sociales y políticas, con el propósito de dar lugar a un disciplinamiento social generalizado, a eliminar la capacidad de resistencia de los sectores populares, torciendo la relación de fuerzas a favor de los intereses de los capitalistas, de ahí la necesidad de interpretar la esfera económica en el marco de objetivos que sobrepasan sus límites. La pretensión “estratégica” del golpe se orientaría, según Quiroga² a “estabilizar la hegemonía de una fracción de la clase dirigente en el poder del Estado y en el conjunto de la sociedad, sobre la base de proyectar políticamente su predominio económico”, un intento de refundación del sistema político, que permitiese introducir en él cambios duraderos.

En virtud de lo expuesto, es claro que tal intento de disciplinamiento y transformación puede comprenderse a partir de un bosquejo de los rasgos centrales del modelo previo, y de las características que tenía la Argentina de aquellos tiempos. Es fundamental, a partir de esto, conocer el “diagnóstico” en el que convergieron los participantes de la “coalición golpista” acerca del funcionamiento de la economía argentina, como así también, las “recetas” o soluciones que juzgaron pertinentes. Con esto se vincula la presencia de un discurso que hunde sus raíces en el siglo pasado³ (de más está decir que no es absolutamente homogéneo a lo largo de la historia) de corte “liberal”. Durante el largo período que comprende el modelo de crecimiento anterior (1930-1975-6) el discurso liberal embistió contra él. Sin embargo, hasta 1976 no lograba una posición hegemónica, pero a partir de entonces, lo que antes existía como un “horizonte de discurso” logra concreción.

En el desarrollo de este trabajo se intentará, por tanto, dar cuenta de los puntos fundamentales de tal discurso, como así también deslindar, en el campo económico, los objetivos y proyectos declarados por las autoridades del gobierno militar de las concreciones y sus consecuencias efectivas. Esto permitirá evaluar con mayor claridad los alcances del éxito o fracaso, según desde donde se mire.

Para facilitar la exposición se analizarán separadamente, por un lado, los componentes fundamentales de la política económica (y sin dar detallada cuenta de los vaivenes y matices, propios de un análisis cronológico) y, por otro lado, los efectos “encadenados” de corto plazo, para avanzar, finalmente, sobre los resultados y consecuencias de largo plazo. Un análisis integral supondrá dar cuenta de la composición de la alianza golpista, las estrategias desplegadas, los beneficiarios y perjudicados, como así también puntualizar la incidencia de algunos factores externos.

A modo de marco contextual y de referencia, una sintética enumeración de los elementos fundamentales del modelo estado-céntrico, con especial énfasis en lo económico, permitirá definir con mayor claridad continuidades y rupturas producidas a partir del 76.

Breve puntualización de los rasgos fundamentales del modelo Estado-Céntrico (1930-1975-6)

1. El funcionamiento de la economía se realiza en un marco público, es decir, que es el Estado el que incentiva el proceso de acumulación, fijando las “reglas del juego” a los actores económicos. En este sentido, actúa a un tiempo como empresario y, al otro, como protector y subsidiador del accionar privado. El Estado siempre fija las reglas del juego. La diferencia entre el modelo anterior y el posterior al 30, consiste en que el Estado fija reglas de juego que limitan el operar del mercado, así como anteriormente fijó reglas de juego que permitían su libre expresión, si cabe la palabra, aunque se debe recordar que después de 1914, el Estado intervino limitando la convertibilidad, las salidas del oro. Después de 1930 se instaura una política intervencionista en materia de comercio exterior, llevada a cabo por gobiernos conservadores y que a consecuencia de la crisis impuso límites a las exigencias del capital externo y desalentó las importaciones a través del manejo del tipo de cambio.
2. Es así que se hace cargo de áreas estratégicas (que se considera no deben dejarse al accionar privado) y de emprendimientos que difícilmente éstos asumirían. Las reglas de juego para el sector privado consisten en medidas proteccionistas y un sistema financiero regulado, con créditos orientados a la industria y fijación de tasas de interés negativas. Es lo que se entiende por una política industrial activa (subsidios, exenciones impositivas, tarifas baratas, crédito regulado y fácil y enorme poder de compra del estado). No sólo protegió la industria sino que estableció las Juntas reguladoras de los distintos rubros de la actividad agropecuaria, como la JNG, JNC las Juntas de la Yerba mate y el algodón. Al comienzo, la protección se pensó transitoria hasta tanto se mitigaran los efectos de la crisis, pero la guerra europea dio al impulso industrial un carácter de irreversibilidad. El sistema de control de cambios fue en realidad pensado para poder establecer precios sostén para el trigo fundamentalmente, lo que no fue necesario dada la mejora en los precios internacionales por sequía en Canadá y USA.
3. Si el modelo previo a 1930 –Agroexportador- reconocía en este sector al eje dinamizador de la economía, el hincapié estará puesto desde este momento en adelante en el sector industrial, para desarrollar lo que se conoce como proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que orienta la producción hacia el mercado interno. Sin embargo, este sector no alcanzará con el paso del tiempo un desarrollo articulado, sino más bien su estructura interna será poco armónica, lo que traerá aparejada una escasa capacidad exportadora, sosteniéndose, en buena medida, en el mencionado amparo protector del estado.
4. A partir de lo expuesto, es claro que, pese al cambio de modelo, el sector agroexportador sigue siendo fundamental, debido, justamente, a su capacidad exportadora, que lo convierte en el generador de divisas y en el productor de los bienes salario.
5. Un aspecto en el que convergen ambos sectores es en la falta de reinversión tecnológica, que redunde en una modernización significativa. En el caso del sector industrial, no realizó inversiones de riesgo, orientándose en la producción de bienes de consumo final, pero en continua dependencia de los insumos y bienes de capital que no produce y, por ende, necesita imperiosamente importar, lo que resulta una fuerte restricción externa.
6. Entre ambos sectores existe un importante desequilibrio, ya que no armonizan en una complementariedad que dé lugar a un desarrollo capitalista moderno, sino, por el contrario, actúan independientemente, pujando por sus respectivos intereses.
7. Todos los aspectos señalados apuntan a conducir a la economía argentina a cíclicos cuellos de botella, que se expresan en crisis en la balanza de pagos, en virtud de la problemática ecuación entre mercado interno y sector exportador. Síntomas que fueron progresivamente evaluados como indicadores del agotamiento de este modelo de acumulación. Esto resulta evidente hacia los años 60, cuando el aumento de la demanda interna por la expansión del mercado interno presiona sobre el sector agropecuario, al tiempo que el sector industrial necesita de las divisas de aquél para importar y continuar su expansión. Por un lado, aumentan las importaciones –gran demanda interna- y por otro, disminuyen las exportaciones. En consecuencia, las divisas generadas por el sector exportador no cubren estas necesidades: se presenta un desequilibrio entre importaciones y exportaciones.
8. Para hacer frente a estas crisis, un mecanismo recurrente fueron los “planes de estabilización”, vía devaluación para frenar las importaciones⁴, cuya contracara es la recesión, que se acompaña de la baja salarial (para compensar) pero que, a su vez, encadena una disminución del consumo, junto a la caída del empleo y el estancamiento. Son los denominados “ciclos de stop-go”⁵, cuyo factor emergente y desencadenante de la inestabilidad es la inflación y su secuela la modificación del esquema de precios relativos.
9. Según la fase en la que se encontrara el ciclo económico (ascendente o descendente) el estado intervenía aplicando distintas medidas y favoreciendo a diferentes sectores, actuando sujeto a las necesidades de los agentes económicos – por ejemplo, los mencionados planes de estabilización o las protecciones y subsidios a la industria-. Tal acción resultaba unidireccional, en la medida en que se beneficiaba a unos y se perjudicaba a otros –aunque no excesivamente-, dando lugar a pugnas y presiones que se corporizaron en alianzas para presionar sobre el aparato estatal. Ni el sector industrial ni el agroexportador lograron modernizarse plenamente y asumir un comportamiento verdaderamente capitalista y, sin duda, el estado tuvo que ver en esto, ya que, dada su particular forma de intervención alimentó estas actitudes.⁶
10. Esto lleva a algunos autores a plantear una virtual “colonización” del aparato estatal que lo convertiría en un estado que no puede erigirse sobre los sectores e intervenir eficazmente promoviendo un capitalismo eficiente y competitivo.⁷ A nuestro entender, esto más que significar que el Estado es débil pone en evidencia que ningún sector social tiene suficiente poder como para imponer una política acorde con sus intereses. La crisis impide una política hegemónica. Los sectores agropecuarios porque contra sus intereses se erige el resto de los sectores, los sectores industriales concentrados, que requieren dólar barato se enfrentan con los exportadores y con los sectores obreros que pujan por salarios más altos, los sectores obreros enfrentados a los otros dos, las clases medias oscilantes, apoyando ora a uno ora a otro, pero mucho más cerca de los sectores industrialistas. Sin embargo, para entender los conflictos no alcanza con la caracterización estructural sino que aquí juega un papel importante la filiación política de la clase obrera y parte de los sectores medios, o sea que no se entiende sin una referencia a la situación política.

A modo de cierre, podemos decir que, cuando hablamos de la intervención del estado, ésta no se circunscribe al campo de lo puramente económico, se despliega también en el área social, en la que actúa regulando las relaciones laborales entre capital y trabajo y aplicando políticas de tipo distributivo.

Vale aclarar que este modelo no se mantuvo en un todo constante, sino que asumió dos variantes, una nacional y popular, de tipo distribucionista, y otra desarrollista, de tipo concentradora.

Es importante enfatizar la cuestión de la relación de fuerzas, que ayudan a comprender las consideraciones vertidas sobre el estado, ya que nos encontramos, en líneas generales, con una situación que podría caracterizarse como de “empate” entre los actores relevantes (burguesía y sector popular urbano), que se traduce en la capacidad de éste último de resistir y frenar los embates del sector capitalista. Es, en gran medida, la “identidad peronista” la que hace coagular elementos que logran dotar de identidad al sector obrero. Esta circunstancia es sumamente relevante si se la analiza a la luz de las relaciones de fuerza que se pretende torcer con el golpe.

Si nos detenemos en el escenario inmediato anterior al golpe (años 73-76) vemos como las tensiones se hacen particularmente intensas al interior del propio movimiento peronista, en el que habían convergido sectores que venían amasándose desde tiempo atrás. La presencia, en esta coyuntura, de distintas vertientes en el seno del peronismo⁸ y el conjunto heterógeneo de fuerzas que conformaban el mapa del momento⁹ dan lugar a una pugna que se observa con claridad en el campo de las decisiones económicas.

Es particularmente en la política económica donde las tensiones hacen saltar la posibilidad de la aplicación de un plan como el de Gelbard, que intenta articular los intereses entre burguesía nacional y sector obrero (cae en 1974).

En un contexto de agudización de la pugna distributiva y con problemas de fondo, de naturaleza estructural al modelo de acumulación, se desemboca en el año 1975 en una crisis que pone de manifiesto, para muchos analistas, el agotamiento del modelo (ISI). Por este motivo, esa fecha es una suerte de bisagra, ya que las “soluciones” para salir de la inflación, la crisis de la balanza de pagos y el déficit fiscal¹⁰ propuestas por Celestino Rodrigo, medidas conocidas como el “Rodrigazo”, contenían en la receta, “ingredientes” de lo que sería la “medicina económica” del proceso militar. Aquí, encontramos ya un paso en el camino de torcer la relación de fuerzas, volcando la balanza a favor del empresariado.

Es que, siguiendo el razonamiento de Pucciarelli, cuando la fuerte discrepancia entre nivel de ahorro y de inversión disparó la feroz pugna distributiva y una terrible confrontación política, que se expresó finalmente en términos político-militares, esta instancia produjo un cambio sustancial en el horizonte conceptual que había sostenido el consenso original y permitió la “radicalización” de los argumentos liberales que plantearon la necesidad de reformular las políticas estatales que sostenían esa industrialización y sus mecanismos de redistribución del ingreso. Veamos cómo fue desenvolviéndose este discurso.

El discurso económico liberal, diagnóstico y recetario

En esta concepción y, por ende, en los análisis que se desprenden de ella vinculados a los “males” que observaron en el país y a las “causas” que los provocaron, se encuentra implícita una visión de la naturaleza humana, la sociedad y su correcto, o mejor dicho “natural” funcionamiento.

Tal perspectiva considera a la sociedad como un conjunto de diversas unidades de decisión independientes. Desde este punto de vista, son los individuos las células que componen el orden social y son ellos -y no una organización corporativa que los aglutine- los únicos legítimos defensores de sus intereses. Es, por lo tanto, la suma de las orientaciones individuales lo que define el comportamiento grupal.

Esta visión atomista de la sociedad tiene su versión clásica en el liberalismo económico de Smith y Ricardo, quienes consideraban el orden social como creación de los individuos al perseguir sus fines particulares, pero sin conciencia de ello, guiados por la “mano invisible” se encontraban en el mercado, que operaba, por tanto, como asignador natural de recursos. En esta línea, el Estado, aparece como un mal necesario que garantiza la libre iniciativa de la sociedad que sustenta la seguridad privada sin interferir con las leyes del mercado.

En la versión local de 1976 la opción entre mercado y planificación quedó rápidamente resuelta al nombrarse al Dr. Martínez de Hoz como ministro de economía,¹¹ lo que posibilitó que el diagnóstico formulado por el equipo económico se convirtiera en el fundamento político-ideológico de la acción de gobierno.¹²

El discurso resultante asumió características propias, desprendiéndose en varios aspectos de la literatura original, articulando una “versión” que armonizó con el pensamiento militar proporcionando una “filosofía fundante a una reformulada Doctrina de Seguridad Nacional.”¹³ Se amasó así una suerte de “liberalismo desde arriba” que partía de un diagnóstico que enfatizaba la ingobernabilidad intrínseca y la naturaleza indominable de la sociedad civil. Confluían en esta mirada, la crítica a las dos caras, según ellos, del modelo precedente, el populismo y el desarrollismo, ambas promotoras de la utilización del crecimiento industrial como eje dinámico de la economía. El juicio liberal sentenciaba la ineficiencia de las políticas de industrialización y el sobredimensionamiento del estado; una economía que caratulaban de semicerrada y que había redundado en una subóptima utilización de los recursos, una industrialización subsidiada y artificial, que había encubierto beneficios a empresarios ineficientes y una politización de la transferencia de recursos.¹⁴ Según esta visión la explicación acerca de esta ineficiencia industrial como así también la “distorsión” de los precios relativos y la inflación –tema medular para el equipo económico- se debían al elevado gasto público, las empresas del estado deficitarias, los créditos y todas aquellas medidas que derivaban de la protección aduanera. Otro factor decisivo para producir inflación, desde esa óptica, era el poder de los sindicatos, que presionaban para aumentar los salarios e incrementaban los costos.

Siguiendo el análisis de Cavarozzi, y a modo de síntesis, los liberales conjugaron en su discurso, fundamentalmente, tres aspectos que resultaba inminente erradicar: la subversión (que incluía cualquier tipo de acción popular), la sociedad política populista y el sector industrial y sus clases de sustentación. Si bien la propuesta militar propiciaba en todos los planos el “libre juego” de la economía de mercado, de ello no es correcto derivar, automáticamente, un rol ínfimo para el Estado en todas sus dimensiones. Lo que debía desaparecer era el -por ellos considerado- Estado protector o paternalista, derivando en las infinitas células de la sociedad las actividades de las que “inapropiadamente” se había hecho cargo. De esta forma, el principio de subsidiariedad del Estado operaba como una transferencia a la actividad privada. Según Cavarozzi, y contrariamente a lo que muchos piensan, la idea de “estado fuerte” sería fundamental para modificar el viejo orden populista, cuya intervención permitiría desmantelar ese modelo de acumulación y, por otro lado, llevar adelante la “guerra” contra la subversión, en el contexto de una sociedad tildada de “enferma”. El proclamado achicamiento del estado, como veremos más adelante, quedó más en el plano teórico que en el de las realizaciones concretas, siguiendo una lógica selectiva y limitada, es que, en este punto, las posiciones liberales y neoliberales tienen una paradójica posición ante el Estado, en situaciones de “peligro”, el modelo hobbesiano se reivindica sin reparos: la seguridad de los individuos y los bienes, la propiedad privada, las leyes de mercado, la competencia y el lucro bien lo valen. Poner las cosas en “su lugar” es tarea prioritaria. Por ello, el liberalismo económico congenia perfectamente con dictaduras militares y gobiernos autoritarios.¹⁵

Si bien, como decíamos, el estado no se desdibujó completamente, las reglas del mercado se aplicaron en áreas específicas de la economía, siguiendo un perfil claramente discriminatorio.

Al insistir en la importancia que tuvo para la concepción neoconservadora autoritaria el impulsar la preeminencia del mercado –en segmentos puntuales- estamos afirmando que ella no era sólo un instrumento de política económica –ni el mecanismo que establece reglas iguales al tiempo que educa en el cálculo de costos y beneficios como en la versión clásica- sino un recurso valioso de control social con el fin de: destruir mecanismos mediadores, organizativos, promover la desarticulación social, la atomización y la competencia, resignificar identidades, tanto de trabajadores como de empresarios, claro está, no de manera simétrica para ambos.¹⁶

En concordancia con el diagnóstico expuesto, las recomendaciones y recetas que dominaron las políticas económicas a partir del 76 pueden deducirse fácilmente: tal como lo expresan Azpiazu y Nochteff, se buscaba menos intervención estatal y más mercado –para que la iniciativa privada desplegara su vocación creativa e inversora-, menos consumo y más austeridad – para aumentar ahorro e inversión-, menos atraso tecnológico y más modernización y trabajo – para aumentar la productividad-. En definitiva, “privatización, apertura, desregulación y sacrificio presente para el bienestar futuro...”¹⁷ Vale recordar, siguiendo a estos autores, que la secuencia primero invertir, luego crecer, para después distribuir se presentó como una verdad indiscutible, como el objetivo de la política económica.

Objetivos declamados, encubiertos, políticas implementadas y sus efectos inmediatos

En torno al Proyecto que enarbolaron las FFAA convergieron sectores cuya “voluntad golpista” venía cuajando desde 1975 y en la que participaron conformando una suerte de “coalición”. Este nuevo bloque dominante puede caracterizarse como una alianza entre el estamento militar, el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales.¹⁸ (Por supuesto, no fue un dato menor el apoyo de la cúpula eclesial, algunos Partidos Políticos y franjas de la clase media).

Las políticas económicas del régimen militar dieron lugar, como hemos señalado, a transformaciones tan profundas, a un “cambio en las reglas de juego”, que trascienden el marco de lo económico para producir una reestructuración integral de la sociedad. Esta modificación de la estructura económica del país suponía el abandono del modelo industrializador y sus bases sociales de sustentación –en particular el sindicalismo peronista-, produciendo un cambio radical en las relaciones de fuerzas.

Los objetivos declamados por las autoridades militares en llamado “Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina” apuntaban, fundamentalmente, al logro del saneamiento monetario y financiero, para dar paso a un crecimiento sin inflación, al aumento de la tasa de crecimiento y a atender a una “razonable” distribución del ingreso. El núcleo del programa se basaba en la búsqueda de la estabilización de precios, salarios y tasa de cambio, como así también la reducción del gasto público.

Los objetivos no enunciados explícitamente se orientaban, esencialmente, a desarticular las clases sociales sostén del modelo anterior, entre otras medidas, a través de una redistribución regresiva del ingreso, el ajuste del mercado de trabajo, la reasignación de recursos, una apertura externa asimétrica y la liberalización de los mercados, en particular el financiero.¹⁹

Para ordenar la exposición de las distintas políticas desplegadas se presentarán los ejes esenciales de las medidas adoptadas en función de alcanzar los objetivos fijados como prioritarios, articulando paralelamente, los grandes paquetes que constituyeron el núcleo medular de las decisiones económicas tomadas entre 1976 y 1981, aglutinadas en torno a tres reformas claves: la operada en el campo financiero, la apertura en el comercio exterior y la política cambiaria adoptada. Se intentará, a su vez, encadenar los efectos a corto plazo producto de la implementación de las mismas.

El primer aspecto considerado prioritario, de acuerdo con el diagnóstico de la situación previa, fue el control de la inflación. En este sentido entonces, se desarrollaron acciones tendientes a atacar aquello que la producía: la “distorsionada” estructura de precios relativos; los causantes habían sido oportunamente detectados de acuerdo con el balance que realizaron del modelo anterior, sólo restaba combatirlos. Y así lo hicieron. El congelamiento de los salarios por tres meses – que dio lugar a una brutal caída del salario real superior al 30%-, la eliminación del sistema de control de precios y el incremento del tipo de cambio fueron las líneas de acción adoptadas.

La articulación de estas medidas con las reformas introducidas en el ámbito laboral, nos da una dimensión más clara de aquello a lo que se apuntaba, basta citar en este rubro la disolución de la CGT, la supresión al derecho a huelga y de las actividades gremiales, las reformas a la Ley de Contratos de Trabajo, la eliminación de los convenios colectivos en materia salarial, entre otras. Por supuesto, que estas medidas crearon expectativas favorables entre los grandes empresarios, quienes vieron la posibilidad de aumentar sus tasas de ganancia, vía debilitamiento del poder sindical. Para esto, al propio nivel de la empresa se implementaron mecanismos para restablecer la autoridad y disciplinar la fuerza de trabajo, se individualizaron las relaciones de trabajo y se ajustaron los salarios en cada unidad de producción en función de la productividad.²⁰

Un tercer aspecto es vital introducir como parte de las políticas económicas, el genocidio, la represión y la violencia sistemática, en conjunción con los aspectos antes mencionados, resultaron los “medios” para reducir o eliminar las resistencias sociales, reprimir los conflictos obreros y dar lugar al “ansiado” disciplinamiento de los sectores populares.

La evaluación conjunta de estos aspectos señala claramente el intento de cambiar las relaciones de fuerza en detrimento de los sectores populares. Más evidente resulta si se conjugan con las demás medidas adoptadas, mirada global que ofrecerá un claro panorama de beneficiarios y perjudicados.

En un segundo momento, el equipo económico se orientó a estimular la inversión para salir de la recesión, claro está, las extranjeras. El nuevo régimen impulsaba una desregulación generalizada del accionar del capital extranjero, con idénticos derechos al nacional.

A fines de 1976 se materializan una serie de medidas vinculadas al comercio exterior. Apuntaban en esta dirección, la unificación de la paridad cambiaria financiera y comercial, la eliminación de regulaciones y subsidios, destacándose la reducción de los derechos de exportación de los productos agropecuarios, y fundamentalmente, la significativa reducción de los aranceles de importación, con una caída en la protección promedio superior a 40 puntos²¹. Es el inicio de la apertura de la economía, uno de los pilares de la política económica de la dictadura, que no fue indiscriminada sino particularmente discriminatoria y asimétrica. La protección se orientó hacia aquellas ramas con ventajas comparativas, intensivas en recursos naturales, las oligopólicas y las productoras de bienes intermedios. Paralelamente, se sometió a una feroz competencia y desprotección a las menos oligopolizadas, a los productores de bienes más diferenciados y a los sectores que utilizaban más mano de obra calificada y conocimientos tecnológicos y de ingeniería²². Es muy relevante destacar que esta apertura se producía sin acompañarse de medidas que incentivaran la producción. Aquí también puede encontrarse un objetivo disciplinador de los agentes sociales, tanto los empresarios antes “protegidos” como los trabajadores, vieron sometidos precios y salarios a la competencia externa, se dejaba así librada a su suerte a la industria, para que actuaran “los eficientes mecanismos del mercado”.

A mediados de 1977 toma el primer plano la reforma financiera, y el ámbito mimado de la política económica pasa a ser este sector, tal como sostiene Schvarzer, la propuesta financiera es una estrategia tendiente a modificar el status de la actividad bancaria y a favor de la creación de nuevos instrumentos financieros²³. Se sustenta en la idea de utilizarlos como palanca para reformar todo el funcionamiento de la economía, situación que derivó en convertir a estas actividades en las más rentables del sistema. Sus herramientas principales fueron la desregulación de los flujos internacionales de capital, la liberalización de las tasas de interés al juego del mercado y a la decisión de los bancos privados, aunque conjuntamente, se daba la garantía estatal de los depósitos (hasta un 100%), descentralización de los depósitos, flexibilidad para instalar bancos y entidades financieras, la liberalización del crédito por parte de estas entidades, obligatoriedad del sector público de financiarse en los mercados privados, y el ya mencionado, ingreso y salida irrestricto del capital extranjero.

Esta reforma, cuyo objetivo era la creación de un mercado de capitales en el país, significó un viraje importante con respecto al funcionamiento del sistema financiero en el modelo anterior, caracterizado por una fuerte regulación por parte del Banco Central, con una tasa de interés regulada con tendencia a la baja y el crédito orientado a la actividad industrial, medidas concordantes con los objetivos de aquel modelo.

Esta política provocó un desplazamiento de los fondos disponibles hacia las colocaciones a plazo, de manera cada vez más intensa en la medida en que disminuía el mínimo autorizado. Los agentes económicos se “acomodaron” a operar con tasas mensuales (y no con el clásico valor anual) porque las colocaciones eran por breves lapsos y por la presencia inflacionaria persistente. La tendencia a largo plazo de las tasas reales se mantuvo negativa entre mediados del 77 y 79, y a partir de allí pasaron a ser positivas.

El conjunto de transformaciones operadas en el campo financiero resultaron determinantes del desenvolvimiento posterior de la economía, tanto en la transferencia de ingresos entre sectores, como en la dinámica de acumulación de capital y en las formas del poder económico²⁴.

Hacia 1978 los escasos éxitos obtenidos en la contención de la inflación y la contracción del nivel de actividad que venía profundizándose, desembocan en una nueva etapa, caracterizada como el enfoque monetario de la balanza de pagos, basado en una dinamización del proceso de apertura y en el papel predominante de la empresa privada. El instrumento utilizado, conocido como “la tablita”, fijaba un ritmo devaluatorio anticipado y decreciente, a un nivel intermedio entre la tasa de inflación interna y externa, hasta hacerlas converger. El objetivo perseguido era que actuara como un “freno” que, en base a expectativas controladas, contribuiría a bajar la inflación; a través de la convergencia entre la tasa de crecimiento de los precios internos y la inflación internacional más la tasa de devaluación. En la misma línea, siguen profundizándose las reducciones de los aranceles de importación –vía programa quinquenal de reducción- y la anticipación de la reforma arancelaria como mecanismo para controlar los precios.

Restan señalar dos aspectos más en el plano de las decisiones económicas, el proceso de privatizaciones y los regímenes de promoción industrial. Ya desde mediados de la década del 60 venían desarrollándose en el país estos regímenes, cuyo objetivo, como señala Schvarzer, era generar un entramado fabril promoviendo la consolidación de una clase industrial nacional, concediéndoles generosos beneficios para que llevaran a cabo estos proyectos. Sin embargo este autor destaca que este impulso no tuvo continuidad a partir del 76, apreciación no compartida por Neffa, quien destaca su continuidad e intensificación. El contenido de los mismos consistía en permisos especiales para importar bienes de capital y equipos, facilidad de créditos para realizar estas operaciones, fácil acceso a terrenos fiscales, tarifas promocionales de servicios, exenciones impositivas y cargos por parte del sector público de la infraestructura necesaria para el montaje, mercado interno asegurado por protecciones aduaneras y por la vigencia de la “Ley de Compre Nacional”.²⁵ Se buscaba beneficiar a los establecimientos que se radicaran en las provincias más subdesarrolladas, apoyando las inversiones extranjeras y, finalmente, promoviendo una transferencia de los recursos del Estado hacia empresas particulares. El resultado fue la radicación de sucursales de importantes firmas en el interior, llegando a constituir “verdaderas islas tecnológicas”, sin integración con el resto de la economía local y que, en la mayoría de los casos, sólo se utilizaban como depósitos de empaque de productos, que se registraban como si efectivamente hubiesen sido producidos allí.

Con respecto al proceso de privatizaciones, caratulado por Schvarzer como “vergonzantes” del período 76-81, encontró múltiples obstáculos. Se siguieron dos caminos, por un lado, vender empresas menores, no estratégicas, que estaban en manos del Estado por desinterés de los privados, intento que se frustró aunque fue intensamente promocionado. Por el otro lado, se desarrolló la llamada “privatización periférica”, que no era otra cosa que ceder a los privados actividades realizadas por los mayores entes estatales, actuando como subcontratistas del Estado, sin riesgos y con amplios beneficios (YPF subcontrató varias de estas empresas, lo mismo ocurrió en el área de teléfonos).

En marzo de 1981 se produce la sucesión presidencial y el reemplazo de los referentes económicos, que no trae aparejado un cambio significativo de la estrategia económica desarrollada hasta entonces, simplemente se limita a suavizar sus efectos más nocivos.

Veamos cuáles fueron, en suma, esos efectos nocivos en el corto plazo, derivados de cada una de estas medidas –adoptadas entre 1976-1981- y como se potenciaron al actuar encadenadamente, aumentando y acelerando las consecuencias negativas.

Con respecto a las medidas tomadas para detener la inflación, prioritarias durante el primer año, no lograban contenerla, de manera que se vieron obligados a introducir variantes aún contradictorias con sus “principios”, tales como la “tregua de precios” que aún no pudieron frenarla y que, conjugada con la fijación de “topes salariales” –siempre por debajo de la inflación- produjo una fuerte reducción de los ingresos de los trabajadores, cuyos salarios reales se flexibilizaron hacia abajo, lo que hizo descender la participación de este sector en la distribución del ingreso nacional, con lo cual se redujo su papel en el mercado interno, encadenando un desaliento para la producción industrial de bienes durables.

Las drásticas alteraciones sufridas por la estructura de precios relativos fue un fenómeno característico generado por la aplicación de las políticas económicas militares, dando lugar a una transferencia de ingresos entre los actores económicos, favoreciendo a quienes pudieron desplazar sus excedentes con mayor agilidad.

Lo que realmente sucedió con respecto a la reforma cambiaria fue que, al quedar pautado el nivel de devaluación y controlado a través de la “tablita”, en un contexto en el que la inflación tardó mucho en bajar y en el que, de hecho, nunca llegó a ser baja, se fue generando una situación de retraso cambiario, dado que el dólar estaba “barato” con relación a los precios internos en moneda nacional que, como ya dijimos, afectó tanto a las industrias productoras de bienes transables como a las de insumos y capital. Claro está, que si a esto sumamos el proceso de apertura comercial ya señalado, la acentuación del efecto recesivo es muy profunda.

Entre los años 76-81 se desarrolla, como ya se explicó, la fase de fuerte apertura al comercio exterior. La reducción de las tasas arancelarias y las restricciones para importar productos ya fabricados en el país se redujeron tan significativamente que el promedio nominal legal de dichas tasas llegó a verse reducido a casi la mitad. Como no podía ser de otra forma, hacia mediados de 1980 comienzan a sentirse los efectos derivados de estas políticas, ahora agudizados por un “acelerado dinamismo en el proceso de apertura externa”, producto del abaratamiento de las importaciones por la revalorización del peso²⁶, y de una serie de medidas como la incorporación de los gravámenes extraarancelarios al arancel de importación, la supresión de aranceles a insumos no producidos en el país, entre otras, que no lograron la meta de la convergencia de precios y que, tuvieron un efecto decisivo y fulminante sobre algunas ramas del sector industrial local productoras de bienes expuestos a esa competencia, dando lugar a un proceso desindustrializador²⁷. Entre 1980 y 1982 el producto industrial ha alcanzado una caída de casi un 25%.

La consecuencia inmediata de esta drástica reducción de aranceles y de los precios, potenciados por el abaratamiento del dólar, fue el estímulo a las importaciones, que generaron un elevado déficit de la balanza comercial durante los años 80-81, que obligaron a morigerar sus efectos a partir del cambio de autoridades. Fue así que los “regímenes de promoción industrial”, entre los años 76-81, se vieron altamente beneficiados por los aspectos recién señalados (la tasa de cambio que sobrevaluaba la moneda nacional) que hacían barata la importación de maquinarias y la obtención de créditos internacionales en moneda extranjera, en neto perjuicio de las exportaciones.

Fuertes efectos negativos se encadenan a la subida de las tasas de interés que resultaban positivas en términos reales, hecho que atentó aún más contra la actividad productiva. Esto dio lugar a un creciente endeudamiento de la mayor parte de las firmas –las manufactureras particularmente- que, dado el marco general de incertidumbre, potenció aún más el aumento de las tasas y, consiguientemente de la inflación, por el costo que las mismas representaban para los empresarios, que no podía ni siquiera contenerse por la convergencia buscada a través de la apertura comercial.

Quizá el efecto más nefasto de esto estuvo asociado con el hecho de que la tasa de interés local fuera mayor que la tasa de devaluación y que la tasa de interés internacional, hecho que promovió un descomunal proceso de especulación financiera. La denominada “bicicleta financiera” era un atractivo mecanismo de valorización financiera del capital, en desmedro de su valorización productiva.

Ya desde 1979 –como adelantamos- las altas tasas de interés atentan decididamente contra la actividad productiva, ya que las actividades especulativas son las más rentables de todo el sistema, que ahondan aún más la crisis de la pequeña industria y aumentan las tendencias recesivas, llegando a poner en riesgo al propio sistema bancario. Cuando todo parecía indicar que las entidades bancarias pasarían a formar parte del nuevo liderazgo privado de la economía, en 1980 la crisis desatada en el sistema bancario obligó al Banco Central a aplicar medidas de salvataje y al cierre de más de un centenar de entidades, sin hablar del costo que generaron en concepto de garantía de depósitos. La incertidumbre consiguiente y la poca vida asignada a “la tablita” motiva a los ahorristas al desplazamiento a dólares y a los bancos a elevar aún más las tasas de interés para retenerlos, generando un círculo vicioso, que desemboca en cuantiosas fugas de capitales.

Claro que en el “negocio de la bicicleta financiera” no podían participar todos, sino quienes estuviesen en condiciones de pedir créditos en el exterior, o sea, los grandes grupos más concentrados de la economía nacional. Diversos factores se conjugan para producir un fuerte incentivo para el endeudamiento externo, al tiempo que se ve atraído también el capital extranjero.

A los factores locales es necesario sumar los internacionales, la “Crisis del Petróleo” generó la afluencia masiva de capitales a los bancos internacionales, y la existencia de esa enorme liquidez internacional –con bancos dispuestos a prestar de manera bastante irresponsable, en particular a los países periféricos que ofrecían condiciones de obtener jugosas ganancias-, en un contexto en el que a su vez, la tasa de ganancia dentro de la esfera productiva había decrecido, impulsan a los bancos a prestar por fuera de este circuito.

Convergen, por lo tanto, de afuera y de adentro las condiciones que favorecen al endeudamiento, que comienza por el capital privado; son fundamentalmente los grandes grupos económicos nacionales y las empresas transnacionales quienes la contraen –sumando el 70% de la deuda-, y que la destinan, en gran medida, a la especulación financiera. Hacia 1981 se precipita la “crisis de la deuda”, dando lugar a un déficit de la cuenta corriente, por el drenaje de divisas para pagar intereses de la deuda –siempre crecientes por la tasa de interés variable- y por la desequilibrada balanza comercial. A esta crisis contribuyeron el aumento de las tasas de interés mundiales, la retracción del crédito y la caída de los precios internacionales de las materias primas.²⁸ La deuda será, de ahora en más, un problema crucial y estructural en la balanza de pagos, que se agrega a los ya históricos.

La dictadura elige un camino consecuente con la línea adoptada a lo largo de todo el régimen para “resolver” el problema de la deuda que, con el cambio de autoridades y la devaluación que finalmente llegó – y selló el fracaso de la política cambiaria-, se veía fuertemente encarecida. La “salida” es la asunción por parte del Estado de los compromisos y riesgos tomados por las empresas privadas, los mecanismos utilizados resultaron de la combinación de un sistema de financiamiento a mediano plazo a tasas reguladas –por debajo de la inflación- que permitieron la licuación de pasivos. Los “seguros de cambio”, que permitían al Estado prorrogar los plazos impulsando la renovación de las deudas y postergando la entrega de divisas al capital privado, garantizaban al empresario un valor estable pactado anticipadamente para el dólar –mientras tanto la inflación iría licuando los costos-. Paralelamente el Estado va endeudándose para sostener el déficit de cuenta corriente, para proteger al endeudamiento privado.

Finalmente, la estatización de la deuda no fue otra cosa que asumir la deuda privada como propia, tratando directamente el Estado con los acreedores. Un mecanismo usual, la colocación de bonos entre los acreedores fue, progresivamente, aumentando la deuda.

Los resultados de largo plazo, continuidades y rupturas con el modelo previo

Las consecuencias de largo plazo o la “herencia” que deja el gobierno puede sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Enorme deuda externa en manos del Estado
2. Fuerte desequilibrio de la balanza de pagos – que suma la deuda a sus problemas estructurales-, inflación, déficit fiscal
3. Panorama recesivo en lo social, redistribución regresiva del ingreso, modificación de la relación de fuerzas.
4. Disciplinamiento social generalizado
5. “Desindustrialización”
6. Aumento del poder de condicionalidad de los organismos externos
7. Enorme concentración y poder estructural de la élite económica y fuerte condicionamiento para establecer políticas de ajuste en los gobiernos posteriores

Algunos de estos puntos ya han sido suficientemente explicados, restan organizar sintéticamente algunos aspectos salientes.

Las variables macroeconómicas fundamentales a considerar dejan un saldo penoso: la inflación estuvo muy lejos de ser contenida, la deuda pesando sobre la tradicionalmente estrangulada balanza de pagos y la prometida reducción de un déficit fiscal que nunca se redujo, ya que lo que recortaron en gastos sociales lo sumaron en obras de infraestructura y mayor presupuesto militar y de seguridad.

Azpiazu, Basualdo y Khavise sostienen que los “grandes logros” del gobierno militar se vinculan con la regresión de los ingresos y el disciplinamiento social alcanzado. Mecanismos tales como la prolongación de la jornada laboral, el aumento de la productividad en un marco de expulsión sistemática de mano de obra, el cercenamiento de conquistas laborales, la represión y persecución trajeron aparejados una creciente apropiación del excedente por el sector empresario –que aumentó significativamente sus tasas de ganancia- y, consiguientemente, una intensificación en el uso de la fuerza de trabajo. Como afirman estos autores, el empresariado asumió la tarea “disciplinadora” con tanto o más énfasis que el propio gobierno. El saldo dejado fue un nuevo y más bajo nivel salarial y el objetivo de torcer la relación de fuerzas, alcanzado.

Con respecto al sector industrial es pertinente hacer una serie de discriminaciones. Si bien la contracción del nivel de actividad industrial es la consecuencia quizá más importante del régimen, hay que marcar la discontinuidad e irregularidad en el comportamiento de las distintas ramas, y la diversidad en cuanto a los tipos de firmas privilegiadas y perjudicadas. Dada la inestabilidad del mercado industrial por las intensas modificaciones de los precios relativos, la estrategia adoptada consistió en desplazarse hacia otras actividades tales como la especulación y las beneficiadas por la política estatal.

Esto trae como consecuencia una ventaja para quienes están en mejores condiciones estructurales de desplazar sus excedentes, dando lugar a una creciente oligopolización de los mercados, con un aumento de la participación del estrato más concentrado de ramas y cambios en la composición del conjunto de bienes industriales –primando los bienes intermedios²⁹-, justamente producidos por aquel estrato concentrado, hecho que conduce al predominio de un tipo de empresas y confluye en un proceso de concentración y centralización del capital.³⁰

Estas empresas son los grupos económicos (GGEE) y las empresas transnacionales diversificadas o integradas (ET). Las empresas estatales fueron “deliberadamente” perjudicadas en lo que significó una transferencia hacia las empresas privadas, por un aumento del volumen de producción pero una caída en los precios relativos.

Los grandes beneficiarios son actores que ya existían en la economía argentina, la nueva élite está conformada por fracciones de ambos tipos de capital, nacional y extranjero; orientando sus inversiones hacia las ramas industriales protegidas y subsidiadas, o sea, las de menor valor agregado y menor riesgo y beneficiándose con los contratos del estado (la construcción, los servicios) al tiempo que invierte en la especulación financiera.

Los grandes perjudicados fueron esencialmente las pequeñas y medianas empresas, aunque también salieron mal paradas las empresas transnacionales no diversificadas y las nacionales independientes. Nochteff destaca también, el retroceso tecnológico del país, resultando las industrias del complejo electrónico las más afectadas.

Por lo tanto, y siguiendo a los autores mencionados, cuando hablamos de “desindustrialización” - efectivamente la industria fue el sector más golpeado del período- no significa un sesgo anti-industrialista, ya que la expansión de las nuevas fracciones de la élite dominante se dieron, en cuotas significativas, en esta actividad³¹. La “desindustrialización” da cuenta del achicamiento de la estructura industrial por la desaparición de ciertas fracciones y la concentración en manos de los grupos beneficiarios.

Otro aspecto aún más falta considerar como pesada herencia de esta nueva composición del poder económico, al ocupar un lugar de privilegio tanto por sus activos en el país como por sus inversiones financieras en el exterior, los GGEE y las ETDI asumen una capacidad de condicionamiento sin precedentes. Si estas a su vez se enlazan con la fragmentación y desarticulación de los sectores populares, que colocan en grave encrucijada la posibilidad de hilvanar un proyecto nacional y popular a futuro.

Palermo y Novaro analizan los rasgos de ruptura y continuidad del golpe militar respecto del modelo de acumulación anterior, no circunscribiéndose estrictamente al plano económico.

Uno de los aspectos que habíamos puntualizado del modelo previo era la centralidad del Estado, contra la que el discurso liberal embestía constantemente bajo el lema de “dejar todo librado a las fuerzas del mercado”. Sin embargo, las concreciones efectivas del programa militar resultaron una extraña mezcla de liberalismo y estatismo, de orientación sumamente selectiva, en las que se dejó que las “fuerzas de mercado” operaran discriminatoriamente.

En este sentido, un factor de continuidad, aunque no exclusivamente económico pero con incidencia en este campo, es el déficit que persiste con respecto a la autonomía del Estado, aunque ahora funcionando de manera más discriminatoria. Los militares acceden al Estado como una corporación y no plantean o no logran racionalizar el funcionamiento del mismo, sino que gobiernan según sus propios intereses y problemas internos, favoreciendo unidireccionalmente a un sector social: el gran capital.

Las rupturas son apuntadas por autores como Azpiazu, Basualdo y Khavisse que remarcan el carácter fundacional, pero que argumentan que recién a partir de 1980, con la crisis, se alteran realmente los patrones de la industrialización sustitutiva. Los años precedentes mostraron un “industrialismo concentrador”. Es a partir de esa crisis que se dan las condiciones que modifican la estructura previa, estableciendo una diferencia fenomenal entre beneficiarios y perjudicados, a través de la brutal redistribución del ingreso desde los asalariados al resto no asalariado, y otros perdedores como los sectores empresarios medios y pequeños y la consolidación, en el otro extremo, de las fracciones de la clase dominante que aumentaron su poder y capacidad de condicionar el accionar del Estado.

Emerge claramente que la recomposición resultante es casi la contracara del modelo previo, en el que los sectores que se veían beneficiados eran la burguesía industrial nacional y los sectores populares –en la variante populista-, primaba la orientación industrialista como eje del desarrollo económico, la regulación del sistema financiero, el desarrollo del mercado interno, la protección aduanera a la industria, el papel central del estado como asignador de recursos, entre otros aspectos.

Veamos, sin embargo, los límites de estas oposiciones. El Estado Militar, lejos de los discursos, aparece protegiendo y subsidiando las ramas industriales a las que quiere beneficiar. Las únicas políticas neoliberales que aplicó el Estado Militar fueron la apertura comercial -discriminatoria-, es decir, para aquellas industrias que no estaban protegidas; y la liberalización del mercado financiero.

Así, el papel del Estado en las privatizaciones realizadas, de tipo periférico que otorgaron actividades de empresas públicas en forma de “concesión” a los actores privados y la persistencia de los mecanismos de asistencia al capital privado como el elevado gasto público, son signos que evidencian que, aunque con distinto perfil, que el Estado no se retrotrajo tanto como declamaban frente al mercado. Es más, lo que deja en claro es que el intento refundacional tiene un límite y un contenido preciso.

También es cierto que, como argumenta Pucciarelli³², la fracción tecnocrática liberal se enfrentó con el sector castrense ligado a la administración de las grandes empresas públicas y a la expansión del complejo militar-industrial, y en este sentido, tampoco se concretó una modificación sustancial del rol del Estado en la economía y siguió siendo importante fuente de empleo.

Finalmente, desde esta interpretación, el Estado militar intervino económicamente, a través de sus planes, subsidios y protecciones, con una definida orientación: favorecer a un sector social al tiempo que “disciplina” a otros. Es lo que Palermo y Novaro llaman “la exacerbación del capitalismo asistido” que lejos de producir una transformación virtuosa del modelo de acumulación, generó grandes costos. Si evaluamos el éxito del Proyecto Militar en función de la recomposición hegemónica y desde la perspectiva de la élite económica el resultado no podía ser mejor, ahora bien, desde el conjunto de la sociedad, y las consecuencias que dejó como pesada herencia se pensarían difíciles de emular, sin embargo, la historia argentina futura nos depararía ingratas sorpresas.

1 En este sentido fundacional muchos autores lo vinculan con el golpe del 66, según el análisis de Cavarozzi; Marcelo en “Autoritarismo y Democracia (1955-1996)” las sucesivas intervenciones militares multiplican progresivamente las facetas cuestionadas como así también la percepción militar de una involucración mayor para arreglar las cosas hasta la percepción de la necesidad de producir un cambio radical, como ocurrió en el 76.

2 Quiroga, Hugo, en “El tiempo del Proceso. Conflictos y Coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983 (1994).

3 Algunos autores insistirán en los lazos de continuidad con el Proyecto del 80, ver al respecto Naúm Minsburg “Capitales extranjeros y grupos dominantes argentinos”, Mario Rapoport “De Pellegrini a Martínez de Hoz: el modelo liberal”. Otros prefieren puntualizar las diferencias que los separan, tal el caso de Gabriel Montergous en “La generación del 80 y el proceso militar”.

4 Este tipo de medidas favorece de manera evidente al sector agroexportador. Son, de alguna manera, pequeños anticipos de la “medicina liberal” que llegará, más adelante –desgraciadamente- con toda su contundencia.

5 Pucciarelli, Alfredo “Dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina”

6 El sector agropecuario tuvo un proceso de modernización y mecanización que permitió su recuperación, pero la naturaleza del comercio exterior argentino, bienes de capital de precios crecientes contra materias primas de precios decrecientes ( alto valor agregado contra escaso valor agregado ) hacían que la renta agropecuaria que nunca fue suficiente para financiar completamente el desarrollo argentino, lo fueran menos aún.

7 Ver al respecto O’Donnell, Guillermo, “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-76”, donde analiza la conformación e incidencia de alianzas de tipo “ofensivo” - entre gran burguesía urbana y burguesía pampeana- y “defensivo” –sectores medios, pequeña burguesía industrial y sectores populares-, según este autor el poder de veto de esta última lograría socavar desde abajo el poder de la primera, haciendo desvanecer los intentos de aplicar políticas estables. El otro factor decisivo que incluye es la “acción pendular” de la gran burguesía urbana que coartó la posibilidad de llevar adelante una dominación política estable, articulando una alianza de largo plazo con la burguesía pampeana, capaz de modernizar el capitalismo argentino y revertir el comportamiento cíclico de la economía.

8Tales vertientes podrían englobarse en cuatro grandes paquetes: a) un sector de izquierda radicalizado,b) sector político peronista clásico, c) la dirigencia sindical ligada a este último y d) la ultra derecha peronista.

9 El mapa de actores relevantes comprende a la burguesía – con distintas expresiones: agraria, gran burguesía urbana, burguesía local, con intereses diferenciados- y al sector popular urbano.

10 Ya Gómez Morales, anterior en el desempeño del cargo a Celestino Rodrigo, había intentado un ajuste más moderado, son los mencionados “planes de estabilización”.

11 El Ministerio de Planeamiento fue “descendido” a Secretaría

12 Oszlak, Oscar en “Proceso” crisis,y transición democrática/1, “Privatización autoritaria y recreación de la vida pública”.

13 Cavarozzi, Marcelo op.cit.

14 Acuña, Carlos. Boletín Informativo Techint Nro 255. “Empresarios y política. Una relación de las organizaciones empresarias con regímenes políticos en América Latina: los casos argentino y brasileño”.

15 Argumedo, Alcira “Los silencios y las voces en América Latina”. Sostiene que el estado policial ha sido una constante en el pensamiento económico liberal y que si estas preocupaciones no aparecían en los clásicos es porque Inglaterra lograba imponerse sin obstáculos. Ideólogos de la talla de Milton Friedman y Von Hayek, defienden la concepción policial del estado como vigía cuando los irresponsables hacen peligrar la libertad de mercado, no sorprende que Friedman haya avalado las medidas represivas del Gral. Pinochet.

16 Ver Oszlak, op. Cit. ; Cavarozzi, op. cit. Y Acuña, op. cit.

Cuando se analicen las consecuencias de la política económica se profundizarán estos puntos.

17 Azpiazu, Daniel y Nochteff, Hugo “El Desarrollo Ausente” Subdesarrollo y Hegemonía Neoconservadora. ¿Veinte años no es nada?

18 Torrado, Susana “Estructura social de la Argentina”

19 Azpiazu, Daniel y Nochteff, Hugo en “La democracia condicionada. Quince años de economía”.

20 Neffa, Julio César “Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en la Argentina”.

21 Azpiazu, Daniel,; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel “El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80”.

22 Azpiazu, Daniel y Nochteff, Hugo. “La democracia condicionada...” op. cit.

23 Schvarzer, Jorge. “Implantación de un modelo económico”.

24 Azpiazu, Basualdo y Khavisse. Op. cit.

25 Neffa, Julio César . Op. Cit.

26 Recordemos que “la tablita” se mantuvo hasta marzo de 1981.

27 Esta política comenzó a ser criticada a partir de la segunda mitad de 1980 por referentes de los sectores que le habían servido de sostén: la Unión Industrial Argentina y La Sociedad Rural Argentina

28 Azpiazu, Daniel y Nochteff, Hugo. “Quince años de democracia...” op.cit.

29 Los bienes intermedios que más avanzan son la refinación de petróleo, la elaboración de sustancias químicas industriales, de hierro y acero.

30 Azpiazu, Basualdo y Khavisse.Op. Cit.

31 No olvidemos que la porción más relevante de los excedentes se destinó a la especulación financiera, y a servicios y bienes vinculados con los sectores de más altos ingresos. La apertura externa permitió las transferencias al exterior y finalmente, la absorción por parte del Estado de su endeudamiento fue una forma indirecta de apropiación de excedentes.

32 Pucciarelli, Alfredo Raúl. “¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado de algunas transformaciones recientes de la sociedad argentina.